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V Pleno Jurisdiccional Supremo en materia Laboral y Previsional

Viernes, 4 de Agosto de 2017

nOTICIA  

A través del presente acuerdo plenario en materia laboral y previsional, la corte suprema adopto los tres criterios los cuales están referidos a la nulidad de los laudos arbitrales, interpretación del artículo 3 de la Ley Nº 28449 y la indemnización y remuneraciones devengadas en los casos de despido fraudulento e incausado.  

Según el primer acuerdo se establece que las normas aplicables para determinar las causales de nulidad, que pueden ser invocados válidamente en un proceso de impugnación de laudo arbitral económico en materia laboral son las siguientes:  

§  Los artículos 63º a 66º del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 010-2003-TR.

§  El artículo 56º del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 010-2003-TR, en concordancia con el artículo 65 de la misma norma y el artículo 57º de su Reglamento, regulado por el Decreto Supremo Nº 011-92-TR.

§  Los literales b y d del inciso 1 del artículo 63º de la Ley General de Arbitraje, Decreto Legislativo Nº 1071.  

Respecto al segundo acuerdo, se establece que lo regulado en el artículo 3º de la Ley 28449 al establecer que “El monto máximo mensual de las pensiones de cesantía, invalidez y sobrevivientes del régimen de pensiones regulado por el Decreto Ley 20530 es de 2 Unidades Impositivas Tributaria, vigentes a la fecha en que corresponde el pago de la pensión”, ordena que cada pensión máxima mensual sea equivalente a 2 Unidades Impositivas Tributarias vigentes al momento en que se realiza el pago efectivo de cada monto pensionario.  

Por último, sobre el tercer acuerdo, el pleno estableció que en los casos de despido incausado y despido fraudulento, el trabajador tiene derecho a demandar la reposición en el empleo, así como acumular el pago de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, las que incluyen el daño emergente, lucro cesante y el daño moral.  

En ese sentido, el juez valorará los medios probatorios para determinar la existencia del daño, la relación de causalidad con el despido, el factor subjetivo de atribución de responsabilidad, y el cálculo de la suma indemnizatoria, según el petitorio y los hechos. Además, en caso se le reconozca al trabajador el pago de la indemnización, el juez de oficio ordenará pagar una suma por daños punitivos, cuyo monto máximo será equivalente al monto que hubiera correspondido al trabajador aportar al Sistema Privado de Pensiones (SPP), Sistema Nacional de Pensiones (SNP) o cualquier otro régimen previsional que corresponda.  

Cabe indicar que el pago de la indemnización por daños y perjuicios sustituye cualquier pretensión por remuneraciones devengadas.


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