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Tribunal Constitucional declara constitucional la Ley de Tercerización Laboral

Miércoles, 11 de Marzo de 2020

nOTICIA  

El Tribunal Constitucional,  mediante la sentencia recaída en el Expediente N° 0013-2014-PI/TC, ratificó la constitucionalidad de la Ley N° 29245, ley que regula los servicios de tercerización laboral, y el Decreto Legislativo N°1038, que precisa los alcances de la ley Nº 29245. Así, declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Abogados del Callao.

La parte demandante alegaba que el artículo 3 de la ley referida vulneraba el principio de no regresividad en materia laboral, al involucrar la posibilidad de que los trabajadores de la empresa tercerizadora realicen las mismas labores principales que los de la empresa usuaria, pero con condiciones laborales más desfavorables; y que, el último párrafo del artículo 1 del decreto mencionado vulneraba el artículo 23 de la Constitución, al introducir supuestos de excepción a la pluralidad de clientes en el ámbito de las empresas tercerizadoras, lo que favorecería la posibilidad de fraude o simulación en la empresa contratista, desnaturalizando el objetivo de la norma en perjuicio de los trabajadores.

Según el Tribunal Constitucional, el personal de ambas empresas (principal y tercerizadora) está en situaciones jurídicas distintas, por lo que los trabajadores de cada una pueden tener ingresos y beneficios diferentes. Advierte que la Ley N° 29245 es clara al establecer que la aplicación del sistema de contratación de la tercerización no restringe el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores; por tanto, concluye que dicha norma no supone infracción del principio de no regresividad. Respecto al artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1038, considera que la regla general en los contratos de tercerización es la pluralidad de clientes, pudiendo haber excepciones; no obstante, advierte que existe una consecuencia legalmente prevista ante la desnaturalización, la cual consiste en entender que hay vínculo laboral entre el trabajador que fue falsamente desplazado y la empresa principal desde el momento en que se prestó el servicio o se realizó la obra. Por tanto, la norma no es inconstitucional.


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