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Decreto legislativo que promueve la inclusión de las personas con discapacidad

Jueves, 13 de Septiembre de 2018

nOTICIA  

A través del Decreto Legislativo Nº 1417 se modifica, en primer lugar, el artículo 50 de la Ley General de la Persona con Discapacidad, estableciendo que la persona con discapacidad tiene derecho a ajustes razonables en el proceso de selección de recursos humanos y en el lugar de trabajo.

Respecto los ajustes razonables, éstos comprenden la adaptación de las herramientas de trabajo, las maquinarias y el entorno de trabajo, incluyendo la provisión de ayudas técnicas y servicios de apoyo; así como la introducción de ajustes en la organización del trabajo y los horarios, en función de las necesidades del trabajador con discapacidad.

Asimismo, los empleadores públicos y privados generadores de rentas de tercera categoría tienen una deducción adicional en el pago del impuesto a la renta sobre los gastos por ajustes razonables para personas con discapacidad, en un porcentaje que es fijado  por decreto supremo del Ministerio de Economía y Finanzas. Por lo tanto, están obligados a realizar los ajustes razonables, salvo cuando demuestren que suponen una carga desproporcionada o indebida.

Respecto a la modificación de los artículos 1, 2 del artículo 3 de la Ley N° 30119, ésta establece que la licencia es otorgada también a los trabajadores y trabajadoras designados/as como apoyo de una persona mayor de edad con discapacidad, y que se encuentran en condición de dependencia, así como será otorgada con goce haber por el/la empleador/a al padre, madre, tutor/a o apoyo de la persona con discapacidad que requiera asistencia médica o terapia de rehabilitación, hasta por cincuenta y seis horas consecutivas o alternas anualmente, y a los trabajadores y trabajadoras que tengan la condición de curador/a de una persona con discapacidad, hasta que culmine la transición al sistema de apoyos.

Por último, el presente decreto modifica del artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1310,  disponiendo que procede la designación de apoyo en la vía notarial o judicial para las personas adultas mayores, definidas en el artículo 2 de la Ley de la Persona Adulta Mayor, y que tengan calidad de pensionistas o beneficiarias de la Ley de Devolución de Dinero del FONAVI a los trabajadores que contribuyeron al mismo, o beneficiarias o usuarias de programas nacionales de asistencia no contributivos.


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